Balance ciudadano del año parlamentario que pasó

Nos interesa hacer un balance desde la perspectiva del Bien Común, para saber si la aprobación o no de las leyes enviadas en el 2016 contribuyó al interés colectivo. De los 17 proyectos anunciados por Macri en su discurso del año pasado, se aprobaron en el Congreso sólo 9, aunque la ampliación de la asignación universal por hijo se hizo por decreto. Dos proyectos nunca se enviaron: la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura y la nueva ley de compras públicas y desarrollo de proveedores. Esta última, tan reclamada durante décadas por las organizaciones activistas de la transparencia para “romper los bolsones de corrupción y mejorar la eficiencia”.
Aun con criticas pendientes o con sabor a poco, son indiscutibles las buenas intenciones y que van en el camino correcto la sanción de la ley del libre acceso a la información pública -exigida por la ciudadanía desde hace años, incluso en estrados judiciales-, la devolución del 15% del IVA a jubilados/as y beneficiarios/as de la asignación por hijo/a y la presentada rimbonbantemente como “reparación histórica” a los /as jubilados/as que sólo significa un reajuste adminstrativo.
Las principales criticas a la nueva ley de información publica se centran en que viene a preservar los secretos ligados a los grupos económicos y la falta de independencia del titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). De las medidas en relación a los/as jubilados/as se plantea que la devolución del IVA fue un fracaso y que la ley, llamada de “reparación”, no fue justa ni equitativa para todos/as, ya que los/as que ya tienen sentencia definitiva de la Corte en un 99%, rechazaron la oferta del Estado, porque la nueva ley les ofrece pagar un 50% ahora y no está claro cuando será el otro 50%; los/as que tienen juicio en trámite y no llegaron a la sentencia definitiva de Corte, son los/as más perjudicados, porque el Estado está ofreciendo menos de lo que les corresponde y además cambiaron la forma de actualizar los valores y los/as que no iniciaron juicios, no saben cuánto le correspondería, por lo tanto, no se puede saber si lo que ofrece el estado está bien o es menos. Además, para saberlo, deberían contratar abogados y comenzar a gastar dinero.
Indudablemente, resulta un avance la sanción de la obligatoriedad de la sala de 3 años, aunque las mujeres seguimos exigiendo desde 1983 la cobertura educativa para nuestros/as hijos/as desde los 45 días, y esto requiere más infraestructura de la existente en todo el país.
Es muy importante que se hayan aprobado por ley los compromisos asumidos por Argentina en París en materia de reducción de gases efecto invernadero para la prevención del cambio climático; lástima el retroceso que significa que ahora sean voluntarios y que los asumidos por nuestro país estén por debajo de la media mundial y sean tan poco ambiciosos.
Aunque resulta siempre moralmente cuestionable la figura del arrepentido, su ampliación para casos de corrupción y crimen organizado tuvo extendido consenso parlamentario. El fortalecimiento de los tribunales orales federales, con asiento en Ciudad de Buenos Aires, fue otra de las leyes sancionadas con consenso.
Por suerte, no lograron consenso, ni siquiera entre los/as propios/as de la coalición gobernante la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público -que apuntaba a desplazar irregularmente a la actual procuradora general de la Nación- , el régimen de subrogancias de jueces/zas y la creación del Instituto de la calidad y equidad educativa, que presentaban criticas de los diferentes sectores a los/as que se supone debería invitarse al debate y la búsqueda de acuerdos.
No logró ser sancionado tampoco el proyecto de Código Procesal Penal, enviado por el PEN, después de haber derogado inconstitucionalmente por decreto todas las normas sancionadas en 2015, que permitían la implementación del Código Procesal Penal, que debía comenzar a regir el 1 de marzo de 2016.
Quedaron varados también los proyectos de reforma política y el de decomiso de bienes producto de la corrupción y el narcotráfico. Estos proyectos tenían loables intenciones, pero puntos conflictivos o dudosos para su implementación, como la boleta electrónica. Deberían seguirse discutiendo, y tal vez irse aprobando, puntos donde hay un gran consenso, como la paridad entre mujeres y varones (50 y 50, una y uno), en los lugares de representación, sin quedar rehenes de una reforma global.
No se envió ningún proyecto que favorezca la anunciada generación de empleo y la reforma de ganancias finalmente se aprobó por el impulso de la oposición con idas y venidas y nos deja con la inflación en el mismo lugar del punto de partida.
El balance parlamentario impulsado por el Ejecutivo es pobre, pero además debe verse en el contexto de una larga lista de “errores”, que implican subestimar la Constitución, el Congreso y la participación ciudadana: intento de designación de los/as jueces/as de la Corte por decreto, aumento de tarifas sin audiencias públicas, blanqueo de y repatriación de bienes de familiares de funcionarios/as, elevado aumento de dietas en diputados/as (retrocedido) y Senado, derogación por decreto de necesidad y urgencia (sin que la haya), del nuevo Código Procesal Penal aprobado por ley, inconstitucional modificación de la ley de ARTs por decreto, papelón con la difusión de imagen de Argentina omitiendo las Islas Malvinas, mover el feriado del 24 de marzo y volverlo atrás, bajar las jubilaciones por error de cálculo en la actualización y volver atrás, conflicto de interés en la condonación de deuda del Correo Argentino y -ahora- en el aumento de peajes, recorte al Programa de Violencia de género y al Consejo Nacional de la Mujer, que luego volvieron atrás, entre otros.
En un año de mucha preocupación ciudadana por la pérdida del empleo, las dificultades para llegar a fin de mes, inseguridad vandálica e inflación, los errores de la democracia se combaten con más democracia. Apostamos a una mayor participación ciudadana, a un rol importante del Congreso de la Nación como contrapeso y en la búsqueda de los consensos en las imprescindibles políticas de Estado y al mejor y pleno funcionamiento de los organismos de control que aún restan poner en marcha.

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