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Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y desató una nueva crisis


06 de diciembre de 2017

Acostumbrado a tomar decisiones irrevocables y al límite de lo que dicen los libros, Donald Trump reconoció a la ciudad de Jerusalén como la capital del Estado de Israel y exigió que se inicien los preparativos para trasladar allí la embajada de Estados Unidos.

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De esta manera, el republicano desoyó por completo las advertencias de expertos internacionales dando un vuelco de 180 grados en la política exterior de los Estados Unidos y desatando una inminente crisis en Medio Oriente. 

"Llegué a la conclusión de que es el momento de reconocer Jerusalén como capital de Israel", señaló en un discurso ofrecido en la Casa Blanca al tiempo que ordenó al Departamento de Estado que inicie los preparativos para el traslado de la embajada desde Tel Aviv. 

"Ese proceso comenzará de inmediato, aseguró, en lo que definió como un mero "reconocimiento de la realidad" que existe en Israel. Con el traslado "reconocemos finalmente lo obvio: que Jerusalén es la capital de Israel", añadió el mandatario. 

El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel es una decisión que va en contra de la política seguida por la comunidad internacional, que buscó evitar hasta último minuto que Trump adoptara esa decisión. Los temores se fundan en una potencial desestabilización en la región. 

Lo cierto es que la comunidad internacional no reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel porque es una de las cuestiones más espinosas del conflicto y espera que el futuro estatus de la ciudad se defina en negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. 

Los palestinos quieren como capital de su futuro Estado la parte oriental de la ciudad, ocupada desde 1967 y posteriormente anexionada por Israel. Por su parte, Israel reclama la ciudad como su capital indivisible. 

El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada supone el cumplimiento de una promesa de campaña del político republicano, pero también una ruptura con la política seguida por su país en las últimas décadas. 

El Congreso aprobó en 1995 una ley que prevé ese traslado, pero hasta ahora todos los presidentes han retrasado su implementación alegando daños a la seguridad nacional y el plazo se va postergando cada seis meses. Trump no lo firmó la última vez.

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