Violencia institucional : intolerable, registrada e impune. 

El nuevo informe periódico de la Defensa pública provincial describe un cuadro de violencias institucionales gravísimo.

El mismo surge del Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos de la Defensa pública : una radiografia de 673 nuevos casos relevados por un grupo de defensores de diferentes departamentos judiciales, que lo vienen haciendo  desde su inicio en el año 2000, en virtud de  una resolución del Defensor de casación que luego obtuviera respaldo legislativo.

De los nuevos casos ocurridos en el 2016,  340 casos fueron denunciados , mientras los restantes 333 solicitaron la reserva a fin de evitar represalias tanto de agentes Penitenciarios como de la Policía.

En un capítulo dedicado a la violencia policial, sobre un total de 327 casos se mencionan 307 casos de brutalidad mediante golpes de puño; patadas; ducha fría; entre otros.

Resulta especialmente preocupante que en muchos casos las víctimas resultan personas en situación de mayor vulnerabilidad : como  mujeres (15 casos) y niños menores de 18 años (133 casos). Respecto de éstos últimos -no obstante la prohibición legal y judicial- se mantiene la práctica de alojamiento en comisarías.

Finalmente se hace referencia a un muestreo de 33 casos recopilados en el 2016,  mediante el programa “Causas fraguadas/armadas” , donde se analizan y describen patrones sistémicos en la actuación irregular de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que conduce a la posibilidad de que haya inocentes presos.

En el capítulo dedicado a la violencia penitenciaria se relevaron 331 casos nuevos durante el 2016, con distintas modalidades: golpes de puño y patadas (226 casos), asfixias o quemaduras (15 casos) y agravamiento por aislamiento (68 casos).

Respecto a la atención médica se registraron 291 casos de falta o inadecuada atención médica por parte de las instituciones obligadas a proveérselas a los detenidos y una multiplicidad de casos que ponen en evidencia el alto grado de deterioro e insalubridad de las instalaciones penitenciarias y policiales.

En virtud de dichos datos se requirió a los Poderes del Estado Provincial involucrados,  una serie de medidas concretas: creacion del Mecanismo de prevención de torturas; de una policia judicial; que la Salud penitenciaria sea prestada por el Ministerio de Salud;  y dotar de independencia a la Defensa pública, entre otras.

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