Opinarg

CUADERNOS: EL PEDIDO A CASACION QUE INVOLUCRA AL GOBIERNO


29 de octubre de 2018

EX FUNCIONARIO PIDIO A CASACION ENRECRUZAMIENTO DE LLAMADOS ENTRE EL JUEZ BONADIO, EL FISCAL STORNELLI, ALTOS FUNCIONARIOS Y REFERENTES DEL GOBIERNO DE MACRI Y ARREPENTIDOS DIJO ADEMAS QUE ROCCA Y CALCATERRA ESTAN EN “EL NIVEL MAXIMO DEL PELIGROMETRO DE ENTORPECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN”

Detenido ex funcionario dijo a Casación que está preso “porque no aceptó someterse a la extorsión judicial ejecutada” por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.  Pidió al más alto tribunal un entrecruzamiento de llamados y mensajes de los teléfonos del fiscal, el juez, el ministro de Justicia Germán Garavano, Elisa Carrió, el sindicado operador Fabián “Pepín”  Rodriguez Simón, y empresarios arrepentidos, para demostrar que la causa está “guiada políticamente”.

La defensa del detenido ex funcionario de Planificación, Rafael Llorens pidió a la Cámara de Casación que lo libere  en la causa de los cuadernos y cuestionó a la justicia por no usar la misma vara para todos los procesados. Citó como ejemplos a Paolo Rocca y al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. “En el peligrómetro de entorpecimiento de la investigación, del 1 al 10, Rocca y Calcaterra están sin dudas en 10”.

“Rafael Llorens está preso porque no aceptó someterse a la extorsión judicial ejecutada por el Fiscal y por el Juez para construir esta causa”, ratificó el abogado Mariano Silvestroni en su nuevo recurso, esta vez intentando que Casación excarcele a su defendido.

En su recurso presentado a la Cámara Federal para que Casación conceda la excarcelación, el aSilvestroni rechazó el hecho de que su defendido sigue  preso, cuando otros imputados, como Calcaterra, que tienen contactos con la cabeza del Poder Ejecutivo, están libres.

“La evaluación de los riesgos procesales debe realizarse de forma igualitaria, utilizando la misma vara para todos. Y es por ello que no puede negarse la existencia de un peligro de entorpecimiento respecto de imputados como Rocca (famoso por su mensaje “si siguen molestando con la causa de los cuadernos bajo la palanca de Vaca Muerta”) o Calcaterra (cuyo primo despidió a tres funcionarios de la AFIP porque osaron investigar a ese imputado como derivación de esta causa penal)”, dice la defensa.

Continúa la defensa explicando “si al mismo tiempo se afirma esos riesgos respecto de mi cliente, quien dejó la función pública hace casi tres años (luego de haber ejercido un cargo de importancia media –a diferencia del primo de Calcaterra quien ejerce la cabeza del ejecutivo-), carece de contactos que puedan brindarle algún tipo de colaboración indebida en Comodoro Py, y no es sospechado (como sí los otros) de haber realizado algún acto obstructivo”.

“Si contásemos con un “peligrómetro de entorpecimiento” que lo midiese en una escala del 1 al 10, Rocca y Calcaterra estarían sin dudas en 10 , el nivel máximo, y mi cliente a lo sumo podría orillar un mísero 1. Sin embargo, los primeros están libres y mi cliente en detención, lo que contraviene el principio de la razonabilidad en la selección de forma grosera”, dice el escrito .

Luego el letrado denuncia ante Casación un hecho grave: “Rafael Llorens fue abordado por el Fiscal Stornelli en medio de uno de esos ablandes a los que fue sometido por el Juez Bonadío, sin presencia de su defensa, oportunidad en que se intentó sumarlo al coro del arrepentido Centeno . La Cámara Federal no dice nada al respecto. No se hace cargo de la gravedad del suceso ni siquiera para refutar su ocurrencia o su valoración. Un caso de manual de arbitrariedad judicial”.

Otro dato sumamente relevante que da cuenta el letrado para demostrar la violación deliberada de la ley 27.304 del arrepentido por parte del Fiscal Stornelli y del Juez Bonadío “es el incumplimiento del art. 6 de esa ley que obliga registrar la declaración de los arrepentidos mediante medios técnicos idóneos que permitan su control posterior”.

El abogado pidió a la Cámara de Casación que ordene un  “entrecruzamiento de llamadas y mensajes de texto y watsapp de los teléfonos del Fiscal Stornelli y del Juez Bonadío (y de cuando menos sus funcionarios a cargo) con un conjunto de personas que, por un lado, pudieron haber guiado políticamente la causa (Germán Garavano, Daniel Angelici, Fabián Rodríguez Simón, Elisa Carrió, Diego Cabot) y, por el otro, con los arrepentidos que obtuvieron su libertad luego de aceptar declarar en los términos de la ley 27.304 (o sea, con las víctimas de las presiones) y sus defensores. Así como el juez Bonadío ordenó una medida similar para dilucidar presuntas relaciones entre los imputados de la causa, resulta más que pertinente hacerlo con el objeto de establecer los contactos que rodearon las declaraciones de culpabilidad de los arrepentidos”, concluyó la defensa.

Compartir esta nota en