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El trabajo de cuidar y el derecho a ser cuidado: una agenda que viene a transformar la Argentina


18 de marzo de 2021

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Aldana Martino

Abogada, Especializada por CLACSO en Políticas del Cuidado con Perspectiva de Géneros. Asesora en la redacción del proyecto de Ley para crear un Sistema Integral de Cuidados en CABA.

La pandemia puso de relieve, con más fuerza que nunca, que la organización social del cuidado de nuestro país es profundamente injusta: por un lado, falta accesibilidad a los cuidados de manera igualitaria, y por otro, quienes cuidamos somos casi exclusivamente las mujeres y diversidades, lo que nos vuelve más pobres de dinero y de tiempo. Esa injusta organización social del cuidado vuelve más injusta a nuestra sociedad en su conjunto, porque se trata de la forma en la que garantizamos la reproducción de la vida.

Otra cosa sucedió este año: nos enteramos, gracias al trabajo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, que el trabajo de cuidado no remunerado representa el 15,9% del PBI, y es el sector que más aporta en toda la economía, por encima de la industria y el comercio. Durante la pandemia, este porcentaje escaló a 21,8%.

En este escenario, el tema de los cuidados está cada vez más presente en la agenda pública. En la apertura de sesiones ordinarias de este año, Alberto Fernández adelantó que enviará un proyecto de Ley al Congreso para crear un Sistema Integral de Cuidados, en el que hace meses está trabajando una comisión redactora con miembros de lujo, y en consulta permanente con todos los actores sociales vinculados al tema (que son, por cierto, casi todos).

En la Legislatura Porteña también se presentó un proyecto de ley para crear un Sistema Integral de Cuidados en la CABA, que cuenta con el apoyo de muchísimos legisladores y que se está empezando a debatir con más fuerza.

Pero, ¿por qué es tan estructural este tema? ¿Qué va a modificar un Sistema Integral de Cuidados? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados?

Los estudios sobre los cuidados nacieron atravesados por dos elementos: el análisis crítico del rol de las mujeres en la sociedad que impulsa el feminismo, y el análisis de las políticas públicas sociales.

Eleonor Faur explica en su libro “El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres Malabaristas en una sociedad desigual” que la revolución industrial profundizó aún más la división entre la esfera pública de la sociedad, en la que se ubicaron con claridad las tareas productivas que siempre estuvieron a cargo de los varones, y la esfera privada, confinando a las mujeres a la tarea de la reproducción, justificando esta división en la capacidad natural de las mujeres de gestar. Estos roles se fueron naturalizando culturalmente a lo largo de la historia. Fueron las feministas las que, con más fuerza hacia la década de 1960, demostraron que esa división es una ficción y que en los hogares también se produce algo: nada más ni nada menos que la fuerza de trabajo en sí misma.

Por otro lado, luego de la Segunda Guerra Mundial se erigió con más fuerza la idea de que los Estados de bienestar se garantizaban, entre otras cosas, mediante la disponibilidad de servicios sociales para la población. Éstos, sin embargo, estuvieron (y en gran parte siguen estando) muy estrechamente vinculados al empleo formal, lo que colocaba principalmente a los varones como titulares de estos derechos y dejaba a las familias por fuera del esquema.
Nuevamente fueron las feministas las que empezaron a plantear, hace ya varias décadas, que las familias estaban supliendo el rol del Estado en materia de servicios sociales y de bienestar mediante el trabajo no remunerado de las mujeres.

Esta realidad se extiende hasta nuestros días. El trabajo no remunerado de cuidados es el nudo del que se desprenden prácticamente todas las desigualdades de género. Cuando hablamos de cuidados, entonces, hablamos tanto de un trabajo como de un derecho. Son las dos caras de una misma moneda, por lo que la injusta organización de los cuidados redunda en la vulneración de muchísimos otros derechos.

Las tareas de cuidado son todas aquellas tareas que implican apoyar a otra persona en la concreción de alguna acción necesaria para su vida: desde la alimentación o la vestimenta hasta la organización del esquema familiar. Las mujeres, lesbianas, travestis y trans dedican el doble de tiempo que los varones a estas tareas a nivel mundial. Esto tiene múltiples consecuencias en la inserción en el ámbito laboral de las mujeres: menos disponibilidad de tiempo para acceder a un trabajo, contrataciones precarias por la misma razón, dificultades para ascender en el lugar de trabajo, discriminaciones ante la posibilidad de ser contratadas por la suposición de que puede llegar a generar un costo al requerir de licencias o permisos para ejercer el cuidado de les hijes. Esto es lo que conforma gran parte de la brecha salarial y de lo que conocemos como techo de cristal. Es también, en consecuencia, el cimiento de la feminización de la pobreza.

Pero la injusta distribución de los cuidados no solamente impacta en la inserción desigual de los géneros en el mercado laboral: también dificulta la participación de las mujeres y diversidades en todo el resto de los ámbitos de la vida pública. En la política, en el arte, en el deporte, en la propia calle. Esos ámbitos, así como el mundo del trabajo, también están reservados para los varones y cada uno tiene a su vez su mecanismo disciplinador cuando una mujer ocupa esos espacios. En la calle, por ejemplo, ese mecanismo es el acoso. Como no son espacios naturales para nosotras, existen leyes de paridad que obligan, por ejemplo a la política, a incorporarnos en igualdad de condiciones. Estas leyes son conquistas enormes del movimiento feminista, en un camino en el que el horizonte por supuesto debería ser que no tenga que existir una ley que obligue a la paridad, sino que sea el curso natural de las cosas. Sin embargo, hasta que no derribemos la división sexual del trabajo y redistribuyamos el trabajo de cuidado, aún las mujeres y diversidades que participan de estos ámbitos partirán siempre de peores condiciones para ejercer su actividad.

Es por eso que la agenda de cuidados es un paso lógico posterior a la legalización del aborto. Cuando legalizamos el aborto, nuestro país empezó a derribar el mandato de maternidad. Si maternar es una elección y no una obligación por nuestra capacidad de gestar, esta capacidad tampoco nos debería confinar a las tareas de cuidado vinculadas a la reproducción.

La feminización de las tareas de cuidado también alcanza al trabajo de cuidados remunerado. Se trata de rubros como la enfermería, el trabajo doméstico en casas particulares, entre otras cosas, que se encuentran muy feminizados producto del estereotipo de que las mujeres tenemos una especie de instinto natural para relacionarnos con otres desde lo maternal y desde el amor. El problema central de esto, es que esa feminización redunda en peores condiciones de trabajo, dado que son actividades económicas reconocidas como trabajo pero desvaloradas socialmente, como si se tratara de una extensión del trabajo de cuidados no remunerado que sucede en los hogares. El personal de casas particulares, luego de la sanción de la Ley 26.844, ganó enormemente en derechos laborales y reconocimiento social, pero aún queda un sector muy importante de trabajadores que ejercen trabajos de cuidado remunerados que no cuentan ni con regulaciones laborales dignas (los acompañantes terapéuticos, por ejemplo, no tienen ni siquiera un nomenclador mediante el cual puedan cobrar sus horas de trabajo), ni con el reconocimiento salarial o de escalafón que corresponde por su tarea.

El cuidado es también un derecho para quienes lo necesitan. Si bien convivimos en un estado de permanente interdependencia, las personas con grados de dependencia mayor o que requieren de apoyos para desarrollar su vida autónoma, como las infancias, las vejeces y las personas con discapacidad, tienen especial derecho a contar con un servicio de cuidado de calidad. Aquí hay otra enorme desigualdad, ya que solo podrán acceder al cuidado cotidiano aquellas personas que tengan familiares disponibles para ello (mujeres mayoritariamente), o quienes puedan acceder a una prestación así en el mercado.

Pensar el cuidado en clave de derechos humanos es fundamental para elaborar políticas públicas que contemplen la integralidad de las necesidades de estas poblaciones y también su diversidad. Así es imposible pensar en el cuidado de las infancias sin incorporar la perspectiva de la educación, por ejemplo. De la misma manera, no es igual la necesidad de cuidado que tiene una persona con alguna discapacidad física o motora, que la que tiene una persona con una discapacidad psico-social como el autismo.

En este sentido, la agenda de los cuidados es una enorme oportunidad para cambiar el paradigma de nuestra sociedad en el que la centralidad la tienen los adultos productivos y mayoritariamente varones, e igualar a todos los sujetos en su calidad de sujetos de derechos. Es importante destacar que cuidar también es un derecho. Es un derecho para las mujeres y diversidades cuidar en condiciones dignas, sin que esto implique empeorar sus condiciones de vida en el resto de los ámbitos y es un derecho también para los varones, que encontrarían en una organización distinta de los cuidados una oportunidad para ejercer este derecho sin el estigma del mandato de masculinidad.

Hoy en día el Estado ofrece diversos servicios vinculados al cuidado, pero que se encuentran desperdigados en distintas carteras y que mayoritariamente tienen que ver con transferencias de recursos. Para transformar la organización social del cuidado, en la que intervienen las familias, la comunidad, el mercado y el Estado, este último es el único actor capaz de intervenir como garante de derechos y del bienestar de la población, para reconocer, remunerar y redistribuir el trabajo de cuidados.

Estamos ante la oportunidad histórica de transformar la organización social de los cuidados que a su vez va a transformar a la sociedad en su conjunto. El Sistema Integral de Cuidados deberá desarrollar una batería de políticas públicas vinculadas al reconocimiento de los trabajos de cuidados que ya existen (por ejemplo, en las comunidades y los territorios), y al despliegue de recursos humanos, capacitaciones, infraestructura y nuevas normativas, que permitan garantizar el derecho al cuidado para quienes lo requieran, y redistribuir el trabajo entre los géneros y entre las familias y la sociedad, para que cada familia pueda definir sus estrategias de cuidado y no sea una obligación exclusiva de las mujeres. Pero también tendrá un rol indispensable en la reactivación económica: el universo del cuidado es una enorme fuente de potenciales nuevos puestos de trabajo, en el sector que como ya vimos, hace el mayor aporte al PBI de nuestro país. Hacia allá vamos.

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