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El ambientalismo urbano como trinchera


11 de agosto de 2020

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Mercedes Pombo

Militante ambiental y feminista. Referente de Jóvenes por el clima.

¿Cuál es el margen de acción del ambientalismo urbano? ¿Hay condiciones para desarrollar una militancia ambiental que responda a problemáticas sociales, en un ámbito al que la naturaleza parece rehuir?

 

A principios de 2019, mientras que en el escenario político argentino primaba la vorágine electoral y se producía la irrupción de la juventud como sujeto político en las listas, se gestaba, con referencia en el norte global, un movimiento juvenil internacional contra el cambio climático.

 

Es en la particularidad de este contexto que emerge Jóvenes por el Clima, un colectivo ambiental que se inserta en dicho movimiento internacional pero entendiendo que, al tratarse de un movimiento latinoamericano, su narrativa debía ser distinta. De esta manera se consolidó el movimiento con una concepción del ambientalismo asociada a la lucha por la justicia social, los derechos humanos y la soberanía nacional.

 

En la urbanidad, la narrativa de un ambientalismo con un anclaje popular y latinoamericanista adquiere sus propias complejidades.

 

Para empezar, en las ciudades la falsa disociación entre sociedad y ambiente se potencia aún más por la falta de contacto con la naturaleza. El ambientalismo parece reducirse a la empatía con el entorno como un ente abstracto, asociándolo a una preocupación de élite que debe ser abordada una vez que son satisfechas otras necesidades más urgentes.

 

Este supuesto habilita un abordaje superficial de las problemáticas ambientales por parte de los funcionarios públicos, con medidas que apuntan, por lo general, a un electorado de clase media pero sin implicar una mejora sustancial para ningún sector.

 

Contrariamente a esta concepción, las problemáticas ambientales se vinculan con la salud pública y el acceso a una mejor calidad de vida. La falta de espacios verdes, el consumo de alimentos con agroquímicos, la inexistencia de medios de transporte más eficientes, entre otras problemáticas, impactan en el conjunto de la población. La desidia en lo referente a problemáticas ambientales no solamente afecta a la ciudadanía de manera transversal sino que también profundiza y cristaliza las desigualdades sociales preexistentes.

 

El abogado especialista en derecho ambiental, Enrique Viale, denomina a este fenómeno como “extractivismo urbano” y afirma que “tiene la misma lógica y dinámica que el extractivismo minero, petrolero o el agronegocio pero aquí no hay oro, ni petróleo, ni soja, hay tierras públicas.” Y agrega: “la contracara de la especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional y la falta de espacios públicos verdes”.

 

De esta manera, el valor de mercado del suelo supera muchas veces su valor de uso. La calidad ambiental es uno de los índices que determinan el valor inmobiliario por lo que son los sectores populares quienes se ven desplazados hacia zonas expuestas a inundaciones, basurales a cielo abierto, contaminantes como plomo en el agua, entre otros factores de vulnerabilidad ambiental.

 

Una dificultad propia de la militancia ambiental urbana reside en que, a diferencia de la ruralidad donde en el imaginario social concibe a otros actores como las asambleas vecinales antiextractivistas como parte del espectro de actores que conforman el ambientalismo, la militancia ambiental urbana es adjudicada casi de manera exclusiva a las organizaciones ambientales tradicionales. Sin embargo no se reconoce el papel de otros colectivos sociales cuya labor está estrechamente ligada a la labor ambiental, como pueden ser los colectivos de cartoneros y cartoneras o vecinos y vecinas que luchan en contra de la venta de los espacios públicos.

 

En este sentido, el proceso de 2019 marcó el inicio de un cambio paradigmático en el panorama ambiental dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El ambientalismo tradicional concluyó con los nuevos colectivos juveniles y sociales, no solamente en espacios físicos como en las manifestaciones masivas contra el cambio climático, sino que también en reclamos y reivindicaciones como el rechazo al decreto que flexibiliza el ingreso de residuos tóxicos al país y la lucha en contra de la modificación a “la ley de basura cero” que habilitó la incineración de residuos (batalla que sigue vigente).

 

El ambientalismo rural y el urbano también pueden generar alianzas. Algunas de estas se han materializado, por ejemplo, en la creciente compra directa a productores de bolsones de frutas y verduras agroecológicas.

 

Por otro lado, la iniciativa de los movimientos campesinos por la sanción de una Ley de Protección de los Cinturones Verdes Periurbanos conjuga la necesidad de tener acceso a alimentos sanos y producidos en los alrededores de las ciudades (reduciendo la huella de carbono que implica su traslado) con el derecho de los y las productoras de acceder a las tierras, a la vivienda y a un marco regulatorio que les permita invertir en proyectos de producción sostenible como el agroecológico.

 

El trágico contexto que estamos viviendo no es producto de una catástrofe inusitada sino que obedece a un modelo de producción que avanza sobre la biodiversidad y que, entre sus múltiples consecuencias, desencadena un virus de origen zoonótico. Es por este motivo que estas alianzas y nuevos paradigmas deben radicalizarse.

 

La heterogeneidad discursiva que signa al ambientalismo en las urbes, lejos de ser un obstáculo, pone en manifiesto que es el punto de convergencia de diversos sectores de la sociedad. Es a partir de estas alianzas estratégicas que se deben plantear los horizontes de una realidad post pandemia con el ambientalismo como trinchera. Es necesario exigir un proyecto de ciudad que, basado en la justicia social como principio rector, eleve la calidad de vida a través de políticas ambientales y que actúe como caja de resonancia amplificando las luchas socioambientales a lo largo de todo el país.

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