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“Emergencia Covid”: el proyecto del gobierno para controlar la pandemia


11 de mayo de 2021

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Es la propuesta que el Ejecutivo nacional envió al Congreso para establecer pautas sanitarias y epidemiológicas para que el Presidente y los gobernadores tengan facultades especiales para tomar medidas durante la pandemia.

El 30 de abril, al anunciar la extensión del DNU que establecía las últimas medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno nacional ante el aumento de casos y fallecidos por coronavirus, Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley que, "en función de criterios científicos claros y precisos", facultara al Ejecutivo nacional y a los gobernadores "a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional".

Ayer se envió al Senado el "proyecto de ley Emergencia Covid" que establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos a tener en cuenta al momento de tomar decisiones para frenar la propagación del virus y determinar las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar "medidas de cuidado de la población".

El proyecto del Ejecutivo Nacional mantiene las clasificaciones establecidas en el último decreto que permite segmentar de acuerdo a la situación sanitaria actual y de los últimos 14 días en un espacio sociodemográfico determinado. "No distingue entre zonas geográficas, sino que establece criterios estrictos, parámetros epidemiológicos conforme a los cuales las jurisdicciones y el Gobierno federal, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus", señalaron.

Al igual que el último DNU se clasifican las zonas geográficas en bajo, medio y alto riesgo o estado de alarma 

La propuesta establece que el estado de "alarma" es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario. "Ante ese escenario, se adoptan las siguientes medidas: cierres de ferias y shoppings, circulación limitada a partir de las 20", señalaron las fuentes gubernamentales. En esa situación es "el Poder Ejecutivo quién está autorizado a tomar medidas adicionales", entre ellas, que "quede suspendida la presencialidad hasta que se pase a un estado inferior" de peligro.

Según el proyecto, el "estado de alarma" solo puede regir para conglomerados de más de 300 mil habitantes, mientras que en los lugares de menos de 40 mil se aplican las reglas generales y las decisiones adicionales de gobernadores.

Un grado menor es de alto riesgo, y en ese caso se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación. "También se plantean medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta", señalaron desde Casa Rosada.

En lugares designados como "riesgo medio", aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares, mientras que en zonas de bajo riesgo, "se aplican las conductas generales de prevención". Luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan, entre otros puntos, la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas.

La intención del Gobierno: tratamiento urgente y entrada en vigencia el 22 de mayo

El Gobierno prevé un tratamiento urgente de la Ley, ya que pretende la entrada en vigencia "desde el 22 de mayo", fecha de caducidad del actual DNU, y que se duración alcance hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en que vence la actual Ley de Emergencia Sanitaria. La Casa Rosada insiste en que su proyecto solo faculta al Gobierno federal cuando las medidas adoptadas en un escenario de riesgo alto no hayan funcionado como se esperaba o en el contexto de una situación de alarma.

Esas medidas excepcionales deberán disponerse de manera "razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores y con el Jefe de Gobierno" de la Ciudad de Buenos Aires. "Es una obligación del Estado resguardar la salud y la vida. Queremos sentar bases en el Congreso sobre cómo abordamos una pandemia que pone en riesgo ambos derechos. Creemos que es un proyecto equilibrado", señalaron desde el Gobierno.

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