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Escándalo en Holanda: renuncia todo el Gobierno por una falsa denuncia


16 de enero de 2021

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Miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de falsas acusaciones de fraude.

El Gobierno holandés presentó este viernes su renuncia en bloque por la polémica provocada por las ilegalidades administrativas en la asignación de las ayudas a familias con hijos, que afectó principalmente a padres de origen extranjero y llevó a muchos a endeudarse para devolver a la agencia tributaria lo recibido durante años.

El primer ministro, Mark Rutte, admite que se "ha criminalizado a personas inocentes y sus vidas fueron destruidas". A tan solo dos meses de las elecciones legislativas, el gabinete dirigido por Rutte asumió la responsabilidad política por lo ocurrido, considerado por la prensa como el mayor escándalo político y administrativo de todas las legislaturas del político liberal, en el poder desde 2010.

El Ejecutivo permanecerá como gobierno en funciones hasta los comicios del 17 de marzo, lo que le permitirá seguir gestionando la pandemia y aplicando las restricciones necesarias como parte del actual confinamiento, que mantiene cerrada toda la actividad no esencial hasta al menos el 9 de febrero.

Los primeros casos de este escándalo se remontan a 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar cartas a más de 26.000 familias acusándolas sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías de sus hijos, y les exigieron devolver decenas de miles de euros recibidos en prestaciones en plazos que no superaban las semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa, trabajo y a endeudarse para reunir el dinero.

Las autoridades fiscales, que seguía bloqueando las ayudas a pesar de que las familias enviaban los documentos necesarios para justificar su necesidad de obtener la prestación, no daban explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que eran en su mayoría familias de origen extranjero las que fueron objeto de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.

Hace un mes, un comité parlamentario formado para investigar lo ocurrido concluyó en un informe que se había cometido una "injusticia sin precedentes" contra los padres, que recibieron un "trato institucionalmente sesgado", lo que "viola los principios del Estado de derecho", y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber “cometido errores”.

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