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Piden juicio político para los jueces del TSJ porteño


29 de diciembre de 2020

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Bloques opositores en la Legislatura de la Ciudad presentaron la iniciativa ante el fallo que sostiene que el Gobierno sólo tiene que garantizar vacantes en jardines maternales a quienes no pueden pagar una alternativa privada.

El pedido de juicio político recae sobre las y los magistrados Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, que dieron sentencia definitiva sobre la demanda presentada por una mamá en representación de su hijo, quien inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto, que el gobierno porteño subsidie la cuota de una vacante en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.

De esta manera, el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño dejó afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no permite que aquellas familias que no consiguieron una vacante en la educación pública por falta de la construcción de escuelas, tampoco puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido.

La presentación se realizó mediante una conferencia de prensa en las puertas de la legislatura, junto a una amplia convocatoria de todos los sectores que conforman la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, entre organizaciones sindicales, centros de estudiantes, cooperadoras, y familias autoconvocadas que luchan por la educación pública y gratuita.

“Nos preocupa cómo se triangulan el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo en función de una línea política que tiene como único objetivo deslegitimar y vaciar la escuela pública”, afirmó Lorena Pokoik, legisladora del Frente de Todos.

“Las vacantes de nuestros niños son nuestro derecho como familia y no importa nuestra condición socioeconómica”, indicó Pokoik. “Queremos y elegimos a la escuela pública como un espacio deseable”, agregó.

Micaela Lopez Rodríguez, del colectivo “Las Vacantes son un Derecho”, en tanto, dijo que “han fallado en contra de la Constitución de la Ciudad, en este caso, en contra del derecho de la educación pública, laica y gratuita”, y advirtió que es “un fallo absolutamente regresivo”.

De la conferencia participaron las y los legisladores del Frente de Todos, Lucía Campora, María Bielli, Cecilia Segura, Laura Velasco, Victoria Montenegro, Juan Manuel Valdes, Leandro Santoro, Javier Andrade, Santiago Roberto, Manuel Socias, Matías Barroetaveña. Por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la legisladora Myriam Bregman, el legislador porteño mandato cumplido, Gabriel Solano, el legislador Pablo Almeyda, y la legisladora mandato cumplido Laura Marrone.

Entre las organizaciones presentes participaron, Cooperadores en Movimiento, con su titular Pablo Cesaroni; Micaela López Rodríguez, de La vacante es un Derecho; Amparo López, del Centro de Estudiantes del lenguas Vivas; Camila Carrillo del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno; y Ester Levy de FEDUBA. Entre las adhesiones se sumaron las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres Línea Fundadora; Familias de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Comisión Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la APDH y Argentina por los Derechos Humanos y Buena Memoria, entre otras.

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