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Tomas de tierras: “Para algunos sectores es imposible acceder a una vivienda por la vía formal”


16 de septiembre de 2020

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Melina Ons, socióloga y becaria CONICET especialista en planificación y gestión de políticas sociales habló con OPINArg sobre las tomas de tierras, un problema que desnuda la grave crisis habitacional.

Luego de que cientos de familias ocuparan un predio privado en Guernica, partido de Presidente Perón, se sucedieron tomas o intentos de ocupación que pusieron sobre la mesa la crisis habitacional que atraviesan millones de familias, sobre todo de las zonas más densamente pobladas. Encapuchados en el Parque Nacional Los Alerces, en Esquel; vecinos en un predio lindero a un cementerio en Monte Grande; un amplio grupo de familias en Moreno y otro en Victoria son algunas de las tomas activas o recientemente desactivadas que encienden las alarmas. Para hablar de estos temas, Opinarg entrevistó a Melina Ons, socióloga y becaria CONICET, especialista en planificación y gestión de políticas sociales habló con OPINArg sobre las tomas de tierras.     

¿Qué respuestas deben darse y qué derechos entran en pugna? Ons es clara: “Lo primero que me parece importante decir es que esa respuesta no tiene que ser penal o punitiva” y que es necesario “generar políticas públicas nuevas que apunten a revertir la dinámica excluyente del mercado de tierras”. Subraya que “en una toma de tierras hay otros derechos vulnerados que el derecho a la propiedad privada”.

-¿Se está produciendo una oleada de tomas?

-No podemos decir que se esté produciendo una oleada de tomas. Es cierto que se produjeron una serie de tomas de manera rápida y algunas son masivas. Además, han tenido mucha visibilización mediática, pero es un fenómeno bastante constante y que sobre todo estaba bastante invisibilizado en los medios de comunicación. Si hablamos de números oficiales, la Ministra de Gobierno de la provincia, María Teresa García, dijo que la cantidad de tomas bajó en relación al año pasado. Señaló que en 2019 se produjeron unas 140 tomas por mes y que el promedio de este año es de 40.

Las tomas de tierras no son un fenómeno nuevo y están directamente vinculadas con el déficit habitacional. Hay amplios sectores de la población que no pueden acceder a la vivienda por la vía formal. Son muy difíciles de sortear las trabas que impone el mercado para una familia popular. El acceso al mercado formal de la vivienda se le vuelve imposible. Estos sectores tampoco han podido acceder a la vivienda a partir de las políticas públicas. En el país las políticas de vivienda han sido inestables y muchas veces no han buscado desarmar la hegemónica idea neoliberal que dice que a una vivienda sólo se accede mediante la propiedad privada individual pagada al valor de mercado. Quienes no pudieron acceder a la vivienda por la vía del mercado o la de la política pública tienen que hacerlo mediante la vía de la necesidad. Esto lleva a ocupar espacios vacantes en las periferias urbanas, en áreas rurales o incluso en centros urbanos como la ciudad de Buenos Aires donde hoy hay 57 asentamientos informales.

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) dice que hay más de 4400 de estos barrios en Argentina. Fue realizado en 2018 y seguramente haya que actualizarlo.

-¿Qué derechos entran en pugna en una toma de tierras?

-Lo complejo de una toma de tierras es que entran en tensión el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. En una toma de tierras hay más derechos vulnerados que el derecho a la propiedad privada, lo que pasa es que el sentido común patrimonialista está muy arraigado e impide valorar otros derechos que permiten una trayectoria de vida digna. Hay que poner en valor la función social de la propiedad que, si bien no pudo ser incluida en la última reforma del código civil, está incluida en tratados internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional.

-¿Cuáles son las dificultades para encontrar una solución duradera?

-Ya señalamos que estos hechos no son ni aislados ni nuevos. La forma de encontrar soluciones duraderas es generar mecanismos de regulación del mercado de suelo que busquen desandar la dinámica excluyente con la que hoy se produce el espacio urbano.

Una solución duradera tiene que atender a aquellas estructuras que originaron estos hechos. El déficit habitacional es el resultado de una estructura en la que es el mercado el que coordina las decisiones sobre los usos del suelo. Se priorizan los usos rentables y la valorización por sobre la función social o la posibilidad de generar mecanismos de accesibilidad para los sectores de menores recursos. Esto no es sólo por la acción de los agentes privados del mercado. El estado lo habilita. Las normativas y políticas de regulación del suelo avanzan en priorizar el funcionamiento mercantil del espacio y los inmuebles. Esto genera que tanto el suelo como la vivienda sean cada vez más caros y queden cada vez más reservados para funciones especulativas o rentables que generan déficit y exclusión. Hay que correrse de la idea que estos déficits son fallas del mercado, sino que son consecuencia de la forma misma en que funciona el mercado formal. La urbanización en Argentina combina desarrollo urbano con exclusión. Es como dice el viejo lema de la lucha por la vivienda “ni gente sin casa y ni casas sin gente”. Hay cada vez más gente privada del derecho constitucional a una vivienda digna y a un hábitat adecuado mientras que cada vez hay más espacios físicos, tierras, inmuebles, edificios y otras construcciones reservados para la especulación.

-¿Qué tipos de políticas se deben implementar para dar respuesta a las tomas y qué políticas existen o deberían existir para prevenirlas? ¿Hay alguna experiencia exitosa, acá o en algún lugar del mundo, que haya garantizado el acceso justo a la tierra/vivienda a los sectores más marginados?

-Esa respuesta no tiene que ser penal o punitiva, tiene que ser una respuesta enfocada en los derechos. Hay que entender que es necesario desarrollar políticas urgentes para los problemas urgentes y políticas estructurales para los problemas estructurales. No sólo tenemos estas nuevas tomas, sino que también están los más de 4400 barrios populares que existen en nuestro país y que es necesario regularizar. Regularizar hace referencia a dos dimensiones: la dimensión dominial y la dimensión urbana y ambiental. La primera es aquella vinculada al título de propiedad y la segunda trata sobre el acceso y mejora del hábitat, de las viviendas, de los servicios públicos y de la calidad de las urbanizaciones en general. La regularización urbana y ambiental debe hacerse antes que la regularización dominial que podría ser el último paso. En este sentido hay un camino importante desandado por organizaciones sociales que luchan por el acceso a la vivienda. Produjeron el RENABAP y también cálculos sobre los costos de urbanizar un barrio popular. Hay herramientas y es necesario utilizarlas. En cuanto a medidas más estructurales y de largo plazo hoy también contamos con herramientas como el Plan Nacional de Suelo Urbano. Es una iniciativa reciente que implica un cambio de lógica para disponer de un suelo de calidad y dotado de servicios para que los municipios puedan desarrollar soluciones habitacionales y mejorar las condiciones de acceso al hábitat.  También hay herramientas normativas como la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires que diseña instrumentos de redistribución de recursos del suelo y apunta a mejorar la calidad y el acceso al hábitat y vivienda.  Por último, será necesario generar políticas públicas nuevas que apunten a regular el mercado de tierras para revertir su dinámica excluyente.

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